Los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido otorgaron a la defensa de Gutiérrez de la Torre la calidad de auxiliar del MP en las denuncias presentadas en su contra, por lo que se violaron los derechos de las mujeres que lo demandaron, revela el acuerdo.
Juan Omar Fierro/AN/mayo 8, 2019 11:34 pm/La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) reabrió las investigaciones sobre la red de tráfico sexual que el expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigió al interior de ese partido político, por lo que se ordenaron nuevas diligencias para responder las dudas y omisiones que dejó la indagatoria realizada por la anterior administración.
En un acuerdo enviado al Juez Décimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, la Procuraduría local reconoció que la gestión de los exprocuradores Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido Osorio otorgaron a la defensa de Gutiérrez de la Torre la calidad de “coadyuvante” o auxiliar del Ministerio Público en las denuncias presentadas en su contra, lo que representa una violación a los derechos de las tres mujeres que denunciaron al ex líder priísta desde mayo de 2014.
Para cumplir con lo ordenado en el juicio de amparo 956/2015 concedido a las víctimas identificadas con los sobrenombres de “Renata”, “Valentina” y “Beatriz”, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Previas Centrales, Rodrigo de la Riva Robles, emitió un acuerdo para informar que es necesario realizar nuevas diligencias, por lo que quedó sin efecto el cierre de la investigación y la resolución que decretaba el no ejercicio de la acción penal en favor del político que sigue controlando la dirigencia del PRI en la capital del país.
Tras realizar un estudio de más de 100 páginas, el subprocurador De la Riva Robles concluyó que durante la investigación de las denuncias presentadas por las tres agraviadas, quienes acudieron a solicitar trabajo como auxiliares administrativas y recepcionistas en el PRI-DF, se cometieron actos de violencia de género y discriminación contra las afectadas.
El informe agrega que para decretar el cierre de la investigación y durante todo el transcurso de la averiguación previa no se respetaron las Leyes Generales de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que es necesario realizar nuevas diligencias que se apeguen a ambos ordenamientos legales, con el fin de que se garanticen los derechos humanos de las agraviadas.
En este marco, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Rodrigo de la Riva,reconoció que pese a su calidad de inculpado, los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido dieron acceso a las tres denuncias que se presentaron contra Cuauhtémoc Gutiérrez, argumentando que el líder de los pepenadores también presentó una denuncia para esclarecer los hechos, violando el debido proceso en perjuicio de las mujeres denunciantes.
La estrategia utilizada por los abogados de Gutiérrez de la Torre y los responsables de la indagatoria realizada en la pasada administración fue acumular la denuncia presentada por el priísta con las cuatro averiguaciones previas que ya estaban abiertas en su contra, concediéndole así el papel de auxiliar o coadyuvante del Ministerio Público y garantizando que pudiera acceder a todas las indagatorias.
“Si bien dicho acuerdo se justifica porque tiene el objeto de que las denuncias tramitadas por separado, de dos o más víctimas, se definan en una misma resolución, a fin de evitar la probabilidad de que se dicten resoluciones contradictorias en averiguaciones relacionadas, entre sí, también es cierto que se presupone que el inculpado tuvo la anuencia de la autoridad para acceder a la indagatoria, lo cual permitió la posibilidad que se violente el principio de la debida diligencia”, señala de manera textual el acuerdo que fue notificado a la defensa de las víctimas este miércoles 8 de mayo.
Por lo anterior, se anula la acumulación de las averiguaciones previas y se ordena que las denuncias presentadas por “Renata”, “Valentina” y “Beatriz” se resuelvan por separado y bajo una perspectiva de que hay discriminación y violencia de género hacia las tres mujeres.
Otras irregularidades en la averiguación
El subprocurador de Averiguaciones Previas Previas Centrales de la Procuraduría capitalina, Rodrigo de la Riva Robles, también señala que por razones de género y el tipo de delitos que se investigan, tampoco fue adecuado que la investigación central del caso estuviera a cargo de la Fiscalía de Asuntos Electorales de la Procuraduría local, violando la normatividad local y las leyes que sancionan la violencia de género.
El acuerdo agrega que el carácter público del principal inculpado no justificaba esa determinación, por lo que la Fiscalía electoral debió declinar su competencia y enviar el asunto a la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas, que es la instancia que a partir de hoy se hará cargo de la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez.
Además, se establece que las declaraciones ministeriales de Claudia Priscila Martínez González sobre un presunto soborno de 30 mil pesos para hacer la grabación contra Cuauhtémoc Gutiérrez, con duración de una hora y la participación de una mujer de nombre “Maribel”, nunca fue corroborada y tampoco se citó a dos mujeres, que el segundo filtro de la reclutadora para la red de prostitución, identificó como Brenda “N” y Rocío “N”.
Sobre este punto, los reporteros que en su momento participaron en esta investigación siempre han sostenido que la ex comisionada de Justicia Partidaria del PRI, Claudia Priscila Martínez González, cometió el delito de falsedad de declaraciones que nunca fue investigado, derivado de que la grabación original del reportaje duró casi cuatro horas, desde la salida de la reportera anónima, Daniel Lizárraga y Juan Omar Fierro de las instalaciones de MVS, hasta que la supuesta “Daniela”, nombre con el que se identificó, pudo salir de la sede del PRI-DF.
Sobre las grabaciones que se obtuvieron por la Unidad de Investigaciones Especiales en 2014, las autoridades actuales de la Procuraduría capitalina señalan que es necesario realizar nuevas pruebas periciales obteniendo el audio nativo u original, derivado de que si bien es cierto que en la grabación íntegra se distorsiona la voz de la reportera anónima, también es real que la grabación de casi cuatro horas tiene una secuencia lógica desde el primer minuto y hasta el final.
Además, un peritaje de la PGR señala que existen coincidencias entre la grabación íntegra con los fragmentos utilizados en el reportaje, por lo que no se puede descartar como indicio dentro de la investigación.
De igual forma, se destaca que las autoridades anteriores no le concedieron ningún valor a la demanda laboral por un millón 170 mil pesos que el PRI capitalino tuvo que pagar en 2011 por tres mujeres que se negaron a tener relaciones sexuales con Gutiérrez en marzo de 2003.
En este sentido, el acuerdo destaca la omisión de la Procuraduría capitalina de investigar todos los cargos partidistas y políticos que ha ostentando Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde 2003 y hasta que fue obligado a dejar su cargo en abril de 2014, puesto que además de las denuncias presentadas en esos años, una de las mujeres denunciantes se refiere a sucesos ocurridos en 2009 y a que existen evidencias de que Claudia Priscila González Martínez, contrató anuncios en 2012 para buscar “hostess” en las oficinas de la calle Puebla, donde se encontraba la empresa de edecanes Publimet.
Por último, el subprocurador de Averiguaciones Previas señala que se deben indagar si además de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hay otros sujetos activos del delito y si hay una suma o concurso de estos, por lo que la investigación podría extender a la diputada del PRI, Sandra Vaca, tercer filtro para reclutar mujeres en la red de prostitución que operaba el expresidente del tricolor en la capital del país.
Del oficio que envía la Procuraduría capitalina al juez de amparo, no se desprende que las autoridades hayan investigado, ni siquiera mínimamente, las redes financieras de Gutiérrez de la Torre, pese a la importancia de las mismas para descubrir una red criminal de cualquier tipo.
